Migración irregular en el norte de Chile: el problema que definió las elecciones y sigue sin solución

Fue el tema que reorganizó el debate político chileno en los últimos años y que le dio el impulso definitivo a la campaña de José Antonio Kast: la migración irregular en el norte del país. Hoy, a tres meses del inicio del nuevo gobierno, el problema sigue siendo un desafío real aunque con algunos indicadores que apuntan en la dirección correcta. Las soluciones definitivas, en cambio, están lejos de estar resueltas.

El diagnóstico: un sistema bajo presión por años

Las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta concentran las tasas más altas de población extranjera en todo Chile. El ingreso irregular por pasos no habilitados —principalmente desde Bolivia— fue creciendo desde 2018, cuando el colapso de Venezuela generó una ola migratoria hacia el sur del continente. En el peak del problema, las imágenes de campamentos en Colchane y Iquique dieron la vuelta al mundo. Cifras oficiales del Servicio Nacional de Migraciones estiman que al inicio del gobierno Kast había alrededor de 337.000 extranjeros viviendo en Chile sin la documentación requerida.

El primer día en La Moneda, Kast firmó tres decretos enfocados exclusivamente en el control fronterizo. La Política Nacional de Cierre Fronterizo Zona Norte incluyó: despliegue permanente de las Fuerzas Armadas, construcción de zanjas y barreras físicas en pasos críticos como Colchane y Chacalluta, instalación de tecnología de vigilancia con cámaras térmicas, sensores de movimiento y drones, y la creación de centros de internación para migrantes en situación irregular. Un comisionado para la Macrozona Norte coordina el conjunto de acciones.

Los primeros números del gobierno

A los 48 días de gobierno, el Ejecutivo presentó cifras comparativas de la PDI que mostraban una reducción significativa en los ingresos irregulares respecto al mismo período de los años anteriores. El presidente destacó más reconvenciones, más salidas voluntarias y más expulsiones que en los años previos. Los datos fueron presentados como evidencia de que el enfoque de mano dura en la frontera funciona. La oposición cuestionó la comparación metodológica, pero no presentó datos que la refutaran directamente.

En junio de 2026, desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, Kast anunció dos proyectos de ley adicionales: uno para ampliar la retención de migrantes con orden de expulsión, y otro para sancionar penalmente a quienes trasladen personas en situación irregular. En la misma jornada presentó el Plan Retorno, diseñado para incentivar la salida voluntaria de quienes entraron sin documentación, con la promesa de que podrán volver a postular al ingreso legal al país.

Lo que las cifras no resuelven

El enfoque de cierre fronterizo tiene un límite reconocido por los propios expertos en migración: los factores de expulsión en los países de origen no desaparecen porque Chile ponga zanjas. Mientras Venezuela, Colombia y Bolivia sigan generando condiciones que empujan a las personas a emigrar, la presión sobre la frontera norte continuará. El gobierno lo sabe y por eso la estrategia también incluye coordinación regional, aunque con resultados todavía limitados.

Un segundo problema estructural es la integración de quienes ya están en el país. Los más de 300.000 migrantes irregulares que viven en Chile no desaparecen por decreto. Muchos llevan años en el territorio, tienen hijos nacidos en Chile, trabajan en la economía informal y son parte del tejido social de ciudades del norte. La política de expulsión masiva enfrenta obstáculos legales, logísticos y humanitarios que hacen que la cifra real de deportaciones esté muy por debajo de los compromisos retóricos.

El nudo entre seguridad y derechos

El debate público chileno sobre migración ha tendido a confundir dos fenómenos distintos: la llegada de personas que buscan mejores condiciones de vida y la infiltración de redes de tráfico y crimen organizado por las mismas rutas. Organismos como la OIM han señalado reiteradamente que tratar ambos fenómenos de la misma forma produce políticas ineficaces y vulnera derechos. El gobierno Kast ha priorizado la lógica de seguridad, lo que tiene respaldo ciudadano mayoritario según las encuestas, pero genera tensiones con el derecho internacional que Chile ha suscrito y que los tribunales internos tarde o temprano empiezan a aplicar.